De manera breve, es mi interés abrir un campo de discusión y crítica sobre la idea de una educación superior auténticamente democrática en Colombia que promueva la credibilidad en las instancias políticas, la justicia, la participación, y vele por el derecho al crecimiento intelectual, social, y político de toda la población, pero que también fortalezca la inclusión social, cultural, intelectual, como condición básica de la confianza política en el Estado, y en sus gobiernos de turno.

Este planteamiento puede parecer redundante frente a la sobreabundancia de puntos de vista de los “políticos”, tecnócratas, administradores, economistas, y de toda la fauna de expertos que llegan al poder con soluciones mágicas sobre el deber ser de la educación superior en el país. Una vez posesionados se enfrascan en reformas y reformas de las reformas, que cambian poco, y obstaculizan lo que debe cambiar, reproduciendo la clásica retórica del cambio: el nuevo país -que nunca vemos-, el “borrón y cuenta histórica nueva”.

Este fenómeno parece pendular. Mientras se proyectan reformas, se promueven nuevos modelos organizativos y financieros que, en apariencia, nos llevan a crecer en cantidad, calidad, equidad y oportunidad, la realidad es otra: bajas expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida de corto o mediano plazo de la sociedad colombiana, el incremento de conflictos y problemas sociales, los bajos índices de desarrollo humano (hoy equivalente a 0.758, con la posición 88 entre 191 países),  la inseguridad, la violencia (promedio de 25 mil  muertes violentas por año en la última década)… persisten las mismas preocupaciones sobre la pobreza (42,5% de pobreza monetaria, y 15,1% de pobreza extrema, según datos del DANE, 2021), y las carencias en la salud, el empleo, mejores ingresos, etc.

El supuesto rostro humano que se vende a los colombianos cada cuatrienio, en materia educativa, y en otras materias, contrasta con las estadísticas cuyos promedios solo son simbólicos. Si examinamos el discurso mitológico de las estadísticas, observamos un panorama que cautiva a los ingenuos que ven con regocijo los pocos indicios de mejoramiento, como un signo de la eficiencia y eficacia de la educación en todos sus niveles. Sin embargo, permanece una amplia diferencia entre el nivel económico más bajo y el más alto en las pruebas académicas. Por ejemplo, las pruebas Saber 11° para el calendario A del año 2021 mostraron una diferencia de 79 puntos a favor del nivel socioeconómico más alto.

Han transcurrido tres décadas desde la promulgación de la Ley 115, o Ley General de Educación, y un poco más de la promulgación de la Ley 30 de Educación Superior, en Colombia. Tres décadas y la brecha se mantiene, aunque levemente disminuida, en relación con el acceso a la educación en sus diferentes niveles y modalidades. A propósito, los datos indican que el 42% de los inscritos a educación superior se quedaron por fuera del sistema al no ser admitidos a ningún programa de pregrado y solamente el 79% de los admitidos logró entrar a estudiar (Cifras MEN-SNIES, número de inscritos, admitidos, matriculados primer curso de pregrado 2015-1 al 2022-2). La situación deriva en el deterioro de la percepción con respecto al valor agregado que la educación superior puede tener para quienes hoy buscan equidad en la distribución de oportunidades.

En algún texto que escribí en 2015 manifestaba que pensar la escuela en Colombia obliga a examinar la inequitativa distribución del conocimiento, la desigual distribución del acceso, de los recursos, medios y tecnologías, y del aprendizaje, que corren paralelos a la retórica gubernamental. Para quienes vivimos la experiencia de ser docentes, no es sencillo aceptar que los puntos esenciales de la educación superior en Colombia hagan parte de proyectos incumplidos.

La imagen que transmite la universidad colombiana es de desigualdad entre lo público y lo privado, entre las condiciones urbanas y rurales, entre la disposición de docentes calificados, en fin. A pesar del pregón de los “expertos” nacionales en crecimiento de mercado educativo que vincula la diversificación de oportunidades con el mejoramiento de las condiciones de existencia, no solo no existe una contribución concreta a la producción de planes o programas alternativos de mejoramiento de la educación superior, sino que estos siguen alimentando mesiánicamente la promesa de una educación de calidad, democrática, incluyente y necesaria para sacar el país de la precariedad educativa, por demás histórica y endémica.

Es probable, por lo tanto, que la idea de una educación superior auténticamente democrática necesite una reconceptualización en términos de la prospectiva nacional que haga énfasis en la cultura y valores relevantes para la convivencia, que trascienda el mesianismo, el populismo, la demagogia, el clientelismo, cualquiera que sea la ideología subyacente. Si seguimos aceptando que cada gobierno de turno construya una nueva caricatura de educación supuestamente democrática tendremos que esperar 500 años para que Colombia sea un país educado. Y ¿tendremos que esperar 500 años para que Colombia sea un país educado?

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