17 de febrero de 2025

En la sede Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se llevó a cabo el día de hoy la audiencia pública para debatir el Proyecto de Ley 212 de 2024 de Senado, que reforma en materia financiera la Ley 30 de 1992. La audiencia fue convocada por la Comisión Sexta del Senado y el Ministerio de Educación Nacional y allí se escucharon las voces de más de 70 participantes interesados en la educación superior pública, entre los que se encontraban representantes de los estudiantes, profesores, trabajadores y directivas de las universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, así como de las asociaciones que agrupan a las IES oficiales (Sistema Universitario Estatal y REDTTU) y privadas (Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN).

Entre los puntos a destacar de la audiencia pública, se encuentran los presentados por Jairo Torres, presidente del SUE y ASCUN, que insistió en que la reforma debe incorporar a la base presupuestal de funcionamiento los incrementos de costos salariales y prestacionales de las IES, así como los recursos necesarios para inversión con los recursos del impuesto CREE. En todo caso, insiste en que estos recursos no pueden someterse a la disponibilidad presupuestal.

El Vicerrector General de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, mencionó que el proyecto de ley avanza en el reconocimiento a la deuda histórica y desfinanciamiento estructural, que no había pasado en décadas pasadas. Además, insistió en que el presupuesto de las IES públicas debe tender a alcanzar el 1 % del PIB en el mediano plazo.

Por el lado de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias, el rector del Instituto Universitario de la Paz, Óscar Orlando Porras expuso la necesidad de aumentar los incrementos de la base presupuestal, pasando del 0,05 % del PIB hasta el 0,08 % gradualmente, como ha sustentado técnicamente la REDTTU.

Diego Cortés participó en nombre del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente, con la presentación de las principales conclusiones de los boletines 3 y 4 publicados por el OCPE-UPN y estas elaboraciones se ofrecieron como insumo y aportes para la discusión a quienes lideran esta propuesta. Dentro del balance de los 30 años de aplicación de la Ley 30 de 1992 se presentaron los datos sobre la reducción de los aportes de la Nación a la educación superior en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y el Presupuesto General de la Nación (PGN), con lo que se demuestra falta de voluntad política, durante décadas, para financiar adecuadamente a las IES públicas.

En este contexto, desde los análisis del OCPE-UPN, se aclaró que el Proyecto de Ley 212 de 2024 supone una mejora financiera frente a la Ley 30 de 1992, al proponer incrementar los recursos para universidades públicas, sustituyendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) en el artículo 86 y aumentar el porcentaje del artículo 87. También se proyecta crear una base presupuestal para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (ITTU), fortaleciendo el sistema de educación superior público.

Sin embargo, persisten incertidumbres desde el análisis realizado por el OCPE-UPN. Por un lado, los recursos adicionales al incremento de la base presupuestal con respecto al ICES seguirán sujetos a la disponibilidad fiscal y a las prioridades de los gobiernos de turno. Tampoco se garantiza que la Nación asuma los costos adicionales por nuevas disposiciones del Ejecutivo o Legislativo que impacten a las IES públicas, y aún falta claridad sobre si existirá aval fiscal para el Proyecto de Ley. Se espera un pronunciamiento conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dado que es una necesidad para avanzar en el trámite legislativo y que esta reforma se vuelva ley de la República.

A continuación, pueden ver la grabación de la transmisión de la audiencia pública: