Propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional

Colombia vive un momento histórico largamente esperado. Sectores alternativos han logrado llegar al gobierno, agrupados en el Pacto Histórico, en medio de una significativa polarización. La heterogeneidad de fuerzas allí agrupadas plantea la necesidad acotar el horizonte estratégico del cambio ofrecido como programa alternativo que haga posibles los acuerdos, consensos y alianzas posibles, frente a una implacable oposición que ha comandado el contenido de las acciones estatales en las últimas décadas. La comprensión de esta situación es condición para entender las posibilidades del cambio al que se puede aspirar.

No hay gobierno de cambio sin ciudadanía que ayude y proponga. Los frentes de acción son muchos y complejos; en algunos se ve más claridad que en otros; y quienes decidieron apoyar al Pacto Histórico lo hicieron a sabiendas de que no todas las propuestas del gobierno satisfacían completamente sus expectativas.

La educación no escapa a esta situación. En el programa de gobierno presentado para las elecciones, la educación se menciona 48 veces de manera puntual y desarticulada, en las que predomina un énfasis en la educación superior sin que se ubique en un apartado exclusivo que la considere como eje estratégico del cambio. En el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la Ley 2294 en mayo del 2023 ocurre lo mismo: la educación aparece dispersa, como una lista de acciones, sin dejar expresa la intención de formular un nuevo proyecto educativo que aporte al cambio esperado.

En 2022, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) convocó a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a través del Viceministerio de Educación Básica y Media, a trabajar un convenio para que la UPN liderara la construcción de cuatro propuestas de política educativa en materia de 1) carrera docente, 2) currículos para la justicia social, 3) formación de educadores, y 4) educación inicial propia; mediante mecanismos de consulta participativa y concertación, a través de talleres regionales con actores estratégicos y espacios mixtos y autónomos. Con esto se concretaba la expectativa de hacer realidad el mandato del artículo 136 de la Ley 30 de 1992, o Ley de Educación Superior, que dice que la UPN será la institución asesora del MEN en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios.

Esta esperanza no se concretó del todo. Las mesas se constituyeron y, algunas, tuvieron tres sesiones en 2022. La UPN planteó en la mesa de carrera docente la necesidad de separar el tema de la formación de maestros, propuesta que fue aceptada. La mesa sobre formación docente tuvo su primera sesión en marzo de 2023. Mientras tanto, hubo cambio de ministro de educación; y en esa primera sesión de la Mesa de Formación Docente se informó sobre el cambio de viceministro. Con la llegada del nuevo viceministro de educación básica y media la Mesa de Formación Docente no volvió a ser convocada.

Mientras se desarrolló el proceso de las mesas en 2022, la UPN asumió el compromiso de producir un documento base, para la formulación de una propuesta de construcción del Sistema Colombiano de Formación de Educadores (SCFE), como apuesta estratégica en materia de formación de maestros, a partir de consultas documentales, con expertos, investigadores, instituciones y entidades, dentro y fuera de la UPN. El documento presenta los elementos centrales que deben ser tenidos en cuenta para pensar el SCFE, y la ruta para su construcción, a través de un proceso nacional de participación. Se parte de la idea de hacerlo de abajo hacia arriba, para romper con la tradición de regulaciones normativas construidas desde el centro, y hacer realidad la existencia de un sistema que opera en las regiones de un país pluriétnico y multicultural, organizado como Estado social de derecho.

Frente a la decisión del MEN, la UPN y otras instituciones integrantes de la Mesa tomaron la decisión de continuar sesionando como iniciativa de la sociedad civil. Se piensa realizar una reunión mensual durante el resto del año para avanzar en la construcción de una iniciativa popular o ciudadana que culmine en una propuesta legislativa para aprobación del Congreso de la República.